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Siguen rodando las cabezas de funcionarios públicos por el uso indebido de vehículos fiscales, en lo que ya parece una auténtica caza de brujas.
Me pregunto; ¿Qué sucede en aquellos casos en donde debido a la pobreza estatal, son los propios funcionarios que deben hacer uso de sus vehiculos particulares para fines institucionales? Y si sufren un accidente en acto de servicio ¿quién los ampara y repara el daño?
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