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NO MÁS LICENCIAS BRUJAS

A PROPÓSITO DE LICENCIAS BRUJAS: EL CASO DE LA DRA. CORDERO

 

Por: Germán Bielefeldt V.

 

            Asombro ha causado en la opinión pública el caso de 16 médicos capitalinos que en un plazo de 3 años otorgaron 123.000 licencias médicas a personas que no estaban realmente enfermas.  Aprovecho la ocasión para rescatar de mis archivos, un trabajo que debí hacer un una cátedra  del Magister en Gestión Pública que cursé entre 2003 y 2006 en la Universidad de Los Lagos.

 

I.                  INTRODUCCION

 

Dentro de los múltiples casos de corrupción, falta de transparencia y faltas a la probidad que han golpeado a la opinión pública chilena en los últimos años, tal vez uno de los más impactantes fue el de la conocida Psiquiatra María Luisa Cordero, una  exitosa profesional ligada al mundo de la televisión por sus comentarios directos y sin pelos en la lengua que hacían la delicia del televidente y también la furia de sus detractores.

Todo parecía ir muy bien para la Dra. Cordero, pero sin embargo, el tal vez, más creíble de los canales nacionales, Chilevisión (Canal 11), en uno de sus programas top “En la Mira”, dejó al desnudo un problema que se arrastra por años en nuestro país, la extensión de licencias medicas fraudulentas, y justamente, uno de los rostros emblemáticos de la televisión fue sorprendida “Infraganti” cometiendo una serie de actos contrarios a las normas jurídicas y morales.

El presente trabajo se abocará a presentar los hechos tal cual se vio en la televisión y posteriormente en los diarios de circulación nacional, para luego analizar el caso desde la perspectiva, ética, moral y normativa.  Se propone además, una serie de medidas que ayuden a prevenir este tipo de actos, para finalmente, efectuar una serie de comentarios respecto del tema tratado.

 

II.               DESCRIPCION DE LOS HECHOS

 

El caso se dio a conocer a la luz pública el día 11 de agosto de 2003, en el noticiario central del mencionado canal y posteriormente en el estelar del área periodística “En la Mira”, programa denuncia que mostró como varios médicos capitalinos extendían Licencias Médicas con falso testimonio sobre enfermedad de pacientes o más popularmente conocido como “Venta de Licencias Médicas”.

El reportaje periodístico, a cargo de Eugenio Salinas, abordó los millonarios fraudes que ocurren en el sistema privado de salud y entre los denunciados apareció una de las doctoras más famosas del país entregando falsas  licencias.  Según se supo, los propios colegas de Cordero la sindicaron como una de las que comúnmente está implicada en este tipo de prácticas.

No obstante lo anterior, para descubrir el ilícito en que incurrió la profesional, necesariamente el canal tuvo que hacer un montaje con cámaras ocultas y falsos pacientes, situación que finalmente dio los resultados esperados y permitió dejar al desnudo una práctica común por parte de algunos inescrupolosos  profesionales de la medicina, una minoría por cierto.    

Los falsos pacientes de Chilevisión llegaron hasta la consulta que la Dra. Cordero posee en Avenida Salvador.  Allí pudieron captar reveladoras imágenes por medio de la cámara oculta, en la que María Luisa Cordero extendía Licencia Médica por enfermedades psiquiátricas, sin siquiera  examinar al paciente, ya que éste le señaló que en realidad necesita una licencia para ausentarse de su trabajo.  Parte del diálogo que captó la cámara fue el siguiente:

-No le digas a nadie que yo te la di (la licencia) para que descanses -le pedía la profesional a su “paciente”.

-Calladito el loro, no le digas a ningún compañero más…vamos a tener que poner un invento, insomnio, ansiedad -divagaba, mientras llenaba el formulario. 

-Que vaya otra persona de tu casa a dejarla-  haciendo alusión a la licencia médica que su supuesto paciente debía presentar en su trabajo.

-¿Usted me recomienda eso? -le consulta el periodista (o “paciente”)

-Obvio, si tú estás enfermo,  ¿Cómo vas a estar tú paseándote? Van a sospechar -le explicó la profesional.

En una segunda visita a la consulta, ahora con otro paciente falso, el trámite resultó aún más fácil.  Tras saludarse, ella de inmediato sacó el talonario de licencias y se puso a completarlo con los datos respectivos y luego le pasó las colillas para que las firme.  Entonces se dio el siguiente diálogo.

-¿Y si me llaman de la COMPIN? -consultó el periodista.

-Tú tienes que ir, anda poco menos que llorando, porque los médicos contralores son super sapos -contestó la Dra. Cordero.

-¿Qué le va a poner que tengo?

-Qué te volviste loco, loco. No… te pongo síndrome ansioso depresivo con crisis de pánico –dice la doctora,  quien le dio finalmente 20 días de descanso.

Tras eso, el falso paciente entregó 3 billetes de $10.000, que la profesional recibió conforme acotando “Con 30 mil está bien”.

Sin embargo, este fraude no terminaría aquí, ya que más encima el paciente al ser FONASA, no tenía derecho a reembolsar el valor de la consulta por lo que la Psiquiatra ofreció poner las boletas a nombre de algún conocido que esté en ISAPRE y así poder cobrar.

-La  próxima semana échale una llamadita a la Angela (su secretaria) y entonces yo te voy dando boletas a nombre de él, sostuvo María L. Cordero, cerrando así el trato.

-Calleuque el loro, que si no matái la gallinita de los huevos de oro –fue la última frase de la Dra. Cordero, antes de que su “paciente” se retirara de la consulta.

 

III.           LAS REACCIONES DE LOS INVOLUCRADOS

 

En Chilevisión se mostraron conscientes que quedó la sensación que el reportaje  fue dirigido contra la Dra. Cordero, pero en realidad, éste estuvo inserto en el contexto de todo el negocio que hay alrededor de las falsas licencias y del dinero que pierde el Estado y las ISAPRES.

En realidad, el programa fue bien completo, abordando primero a las empresas de papel que se forman para engañar a las ISAPRES, después como estas instituciones privadas abusan de los afiliados y finalmente los engaños que los propios médicos hacen, como el caso narrado anteriormente.

En medio de la investigación, se llegó a la Dra. Cordero, no fue algo premeditado, ya que varios de sus colegas le señalaron a los periodistas que ella incurría en esas prácticas.  El equipo del canal, incrédulo del dato recogido, decidió probar suerte en su consulta y el procedimiento se concretó de inmediato.

-No era un tratamiento ni era “paleteada”, porque el investigador periodístico la veía por primera vez y sólo le dijo que era auditor de la radio –dijo un miembro del equipo a cargo del reportaje.

Por su parte, la Dra. Cordero reaccionó en contra del canal señalando que había un complot del Colegio Médico y del Gobierno en su contra, ya que en su programa de radio había denunciado a algunos agentes del estado como ladrones y corruptos.

-Eso se paga muy caro en Chile –dijo.

Posteriormente señaló que se sentía muy contrariada y que siempre se las ha jugado por los pacientes, lo que tal vez sea un defecto y una virtud al mismo tiempo y agregó además:

-Como le dije al Presidente de la Corte Suprema, en un seminario sobre responsabilidad médica, usted no sabe cuantas veces los médicos, por el secreto profesional, hacemos cosas que si ustedes los abogados y los ministros las supieran, se les pararían los pelos”.  

Por otra parte dijo que “La “Psiquiatría está llena de síntomas y signos inmanentes y que se inmiscuyan y se metan en mi consulta particular y privada, una cosa que es mía, con una cámara oculta,  esa es la peor sinverguenzura y  chuecura que se puede hacer”.

Los argumentos de la Dra. Cordero no dejan de tener razón, pero es innegable que incurrió en graves faltas éticas, morales y reglamentarias, las cuales pasamos a describir.

 

IV.  ANALISIS ETICO, MORAL Y NORMATIVO

 

De todas las actividades humanas, la profesión médica es probablemente aquella en que se manifiesta con mayor fuerza la profunda inspiración humanista que la sustenta, pues su centro de acción es justamente el ser humano en toda su dimensión  ética, moral, física, psíquica y social. Así, el acto médico, principal componente de dicha actividad está inmerso en una dialéctica persona- persona (1), y los principios éticos de autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia son los que dan sentido y significado al mismo.

Si bien este es el actuar de la gran mayoría de los profesionales médicos, es indiscutible que hoy en día también existen personas o más bien personajes que no sólo conciben la medicina como un medio para lucrarse sino que la practican con un desapego impresionante a estos preceptos morales.

En este caso la profesional vulneró profundamente tanto el derecho natural como positivo convirtiendo la tradicionalmente ética relación médico- paciente en una vulgar transacción comercial con fines de lucro lo que en definitiva se contrapone totalmente al fin último de toda conducta humana: la búsqueda del bien común, entendido éste como “el conjunto de medios que toda sociedad debe procurar a sus miembros a fin de permitirles ser más humanos, y realizar un plan de vida en consonancia con las posibilidades y regulaciones que emanan de los valores,  espacios, tiempos y formas de interacción compartidos, que en mucho configuran un destino común” (2).

Desde esta perspectiva la doctora Cordero ha vulnerado los bienes morales y espirituales del hombre que constituyen la esencia de lo que en la filosofía aristotélica – tomista es el soberano bien.

Por otra parte desde la moral y el derecho, y atendiendo a las distintas definiciones que se tienen del concepto de corrupción, este caso claramente corresponde a un acto de corrupción (o más bien a los actos de una persona corrupta) pues contiene los cuatro elementos fundamentales para ello según la definición de Ardouin; a saber:

1.                 Dicha acción transgredió algunas normas jurídicas. Por ejemplo, el art. 479 del código del trabajo, 38 de la ley N° 18.469,  23 inciso final  de la ley N° 18.933  y finalmente lo contemplado en el artículo 43 de la ley N° 12.084 de 1956, que sanciona con las penas de perjurio y falso testimonio en materia no contenciosa (art. 210 del código penal) a los que “hicieren declaraciones falsas en certificados que se exigen para el otorgamiento de beneficios de previsión” (3) y algunas normas administrativas, tales como, la ley N° 18.834 de 1989 artículo 78 letra “c”, que dice como sigue: “actuar directa o indirectamente contra los intereses del estado o de las instituciones que de él formen parte, salvo que se trate de un derecho que atañe directamente al funcionario, a su cónyuge o a sus parientes hasta el 3er grado de consanguinidad  o por afinidad hasta el 2do grado y las personas ligadas a él por adopción”. El artículo 55 letra “i” que dice: “observar una vida acorde con la dignidad del cargo”. Por otro lado se contrapone al cuerpo normativo principal, que regula el otorgamiento de licencias médicas, cual es el DS N° 3 de 1984 del Minsal, y finalmente a lo estipulado en el art. 64 de la ley N° 19.563, referida a “emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución en provecho propio o de terceros” (4,5,6).

2.                 Dicho acto se realizó para la obtención de un beneficio privado. En este caso la obtención de un beneficio económico.

3.                 Tal práctica surgió dentro del ejercicio de una función asignada, esta es la de psiquiatra en una consulta privada generando cancelaciones de un organismo público.

4.                 Que el sujeto, en este caso la doctora Cordero, intentó siempre encubrir activamente su comportamiento. Por ejemplo a través de sus palabras dichas al supuesto paciente y sus descargos públicos al enterarse de que se la había descubierto.

Por otro lado y siguiendo nuevamente a Ardouin dicho acto de corrupción se enmarca dentro de la denominada Corrupción Directa ya que en definitiva todo este proceso de atención médica busca única y exclusivamente alcanzar un enriquecimiento ilícito y una apropiación indebida de bienes públicos (FONASA) y privados (ISAPRES), a través de un aprovechamiento directo de su función.

Finalmente y sólo con la idea de complementar la tipificación de tal acto de corrupción diremos que se trata de una Corrupción Psicodinámica o de responsabilidad individual ya que es de carácter interno y el motivo es el imperativo de poseer, y por ende corresponde a una corrupción Económico- racional pues utiliza su actividad como un negocio que le interesa maximizar.

           

 

 

V.      PREVENCION Y CONTROL

 

Como una manera de prevenir y controlar que en el futuro este tipo de conducta no se vuelva a repetir, el grupo propone las siguientes alternativas:

 

Þ       Enseñanza y aprendizajes con docentes de sólidos principios éticos y morales.

Þ       Todo profesional médico debe conocer a cabalidad las leyes sociales, reglamentos y disposiciones legales que regulen tanto los derechos del paciente, como los deberes técnico-administrativos que le competen.

Þ       Fiscalización focalizada según patologías, donde los síntomas y signos clínicos son mayoritariamente subjetivos y difíciles de objetivar.

Þ       Fiscalización focalizada de aquellos profesionales médicos que más otorgan licencias  o cuyos feriados de reposo no se conjugan con el diagnóstico planteado.

Þ       Propender a una penalización efectiva de las conductas contrarias a la norma y que han sido debidamente tipificadas, además de la sanción ética y moral de parte de sus colegiados.

 

 

     VI.     COMENTARIOS

 

             En nuestro país existe una larga y sólida tradición de integridad pública.  El fenómeno de la corrupción administrativa no se relaciona con una crisis o deterioro profundo de esta impresionante historia de probidad, sino con su actual difusión y mayor visibilidad en todos los sistemas políticos internacionales.  Ninguna sociedad está exenta de la aparición de este flagelo el cual puede hacerse extensivo a todo el Estado.  Al existir conciencia de ello, se puede dar el primer paso para situar en un debido contexto una amplia política de precaución y control que la sociedad civil debe adoptar  por si misma y por medio del Estado, para minimizar los riesgos de corrupción en la función pública.

             Antiguamente se pensaba que la corrupción sólo afecta a la función pública, sin embargo, hoy este fenómeno debe hacerse extensivo a toda la sociedad, tanto pública como privada..  Cabe hacer presente que toda función del Estado, regulada por alguna norma, pública o privada, puede ser violada, y quien lo hace, la corrompe.  A la sociedad civil le interesa que todas las funciones atribuidas al poder público, se ejerzan de acuerdo a un sistema jurídico, fundado en normas éticas básicas y en la certidumbre de la ley, exigencia que es más rigurosa en los regímenes democráticos, ya que en ellos la ley se establece por medio de la participación ciudadana en procesos colectivos de decisión.

             Existe corrupción administrativa cuando un agente público en el ejercicio de las funciones que la ley le atribuye, y por medio de las mismas, consigue un beneficio privado.  En las conductas corruptas hay una desviación de las obligaciones normales que implica una función pública y la violación de las normas que la regulan, con el propósito de satisfacer el interés privado por sobre el general.  En resumidas cuentas, se puede decir que el aspecto medular de la corrupción y faltas a la probidad, consiste en que el agente público, en el ejercicio de sus funciones, abusa de su cargo y autoridad con un fin privado, que puede ser monetario o de otra naturaleza.

              La denominación funcionario público parece demasiado restringida para designar a quienes ejercen una función pública, pues se trata de abarcar a todos aquellos que tienen algún tipo de autoridad, desde el Presidente de la República hasta el último trabajador que desarrolla tareas de servicio público.  Esta incluye a quienes laboren para el Estado en cualquier ámbito de la administración, desde cualquiera de sus tres poderes públicos, e incluso las empresas estatales.  Por esta razón conviene usar el término agente público, sean ellos elegidos o designados.  Estos agentes públicos tienen a su cargo los asuntos comunes a todos los chilenos, y por lo mismo, están dotados de distintos grados de autoridad y capacidad de decisión sobre materias que afectan al conjunto de la comunidad nacional.  La probidad no es una conducta exigible a los funcionarios públicos en un sentido restringido, como miembros de la administración pública, sino a toda la jerarquía que gobierna, regula, hace justicia y  administra, constituyendo así la esfera pública del país.

             El caso analizado, si bien es cierto, se produjo en un ámbito privado, es considerado como de corrupción y falta a la probidad, ya que la principal implicada, también es funcionario público y con la falta cometida, afecta directamente a los intereses del Estado.

             Finalmente, frente al caso expuesto, el grupo expresa su máximo rechazo a la práctica demostrada, sin embargo, dejamos abierta la posibilidad de comentarios y análisis referente a lo siguiente:

            ¿Hasta qué punto es ético investigar una situación determinada con medios audiovisuales ocultos y falsos pacientes?

           ¿Será ético excluir a alguien de su medio laboral además de ser socialmente reducido por haber incurrido en una acción abiertamente reconocida en el medio?

Por Mr. Chessman - 22 de Septiembre, 2009, 14:53, Categoría: General
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